COMUNICADO DE LA FEDERACION DE
ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA
El triunfo electoral del Partido Popular en las elecciones
para el Gobierno del Estado y en la mayoría de las Comunidades Autónomas ha ido
acompañado de una aceleración de la política de desmantelamiento del sistema
sanitario público. El proceso de privatización sanitaria se ha venido
desarrollando de manera lenta pero continuada desde principios de los años 90 ,
siguiendo las pautas marcadas por el Informe Abril que planteaba una serie de
medidas destinadas a crear un mercado sanitario con la competencia entre
proveedores públicos y privados: separar la financiación de la provisión de
servicios (imprescindible para crear un mercado de compra-venta de los mismos),
pagar por la asistencia (copago), potenciar el aseguramiento y trasformar los
centros sanitarios en empresas. Aunque estas medidas fueron paralizadas en un
principio por la enérgica respuesta de los sindicatos y de la FADSP, los
sucesivos gobiernos, centrales y autonómicos, las han ido desarrollando de
manera más o menos solapada (en cómodos plazos).
Ahora el PP está acelerando este
proceso, aprovechando el enorme poder que acumuló tras las últimas elecciones
en las que consiguió mayoría absoluta en el gobierno central y en gran parte de
las Comunidades Autónomas. Con el subterfugio de que la crisis económica y los
límites al endeudamiento público establecidos de la UE obligan a reducir gasto
público, el Gobierno ha dado un gran impulso al desmantelamiento y privatización
de la sanidad, probablemente con la finalidad de alcanzar una masa crítica que
haga irreversible el cambio de modelo sanitario.
Podríamos sintetizar esta
política en tres grupos de medidas:
1.- Reducción del gasto sanitario
público (11,6% del gasto per cápita entre 2010 y 2013), un total de mas de
7.500 millones € en este periodo.
2.- Cambiar los fundamentos del
sistema: La promulgación del Real Decreto Ley de medidas para garantizar la
sostenibilidad del Sistema (RD 16/2012) incluye medidas de diferente naturaleza
como el copago para los medicamentos de los pensionistas, traslados no urgentes
en ambulancia, prótesis, ortesis, sillas de ruedas o alimentos especiales; la
vinculación del derecho a la asistencia a las cotizaciones laborales
(potenciando el aseguramiento privado); la exclusión de colectivos de población
de la cobertura del SNS; el fraccionamiento de la cartera de servicios
financiados y prestados por la sanidad pública estableciendo en una básico de
acceso gratuito y otras dos a financiar mediante copagos. Este conjunto de
medidas suponen la voladura controlada del derecho universal a la sanidad y del
acceso equitativo a la atención.
3.- Aceleración de la
privatización y desmantelamiento de los servicios en las CCAA gobernadas por
los sectores más neoliberales del PP: Valencia, Madrid, Galicia o Castilla la
Mancha. Cabria destacar por su trascendencia estratégica el recurso a la
financiación privada de las nuevas infraestructuras sanitarias (Iniciativa de
Financiación privada-PFI, Concesiones, etc) que multiplican los costes finales
y dejan durante años los centros de salud y hospitales en manos de consorcios
privados, multinacionales sanitarias o fondos de inversión de capital riesgo; o
privatización de la provisión (que llaman “externalización”) de servicios
sanitarios y de apoyo.
Es decir se recorta gasto y se apuesta
por una financiación que multiplica su coste real (a pagar con cargo del gasto
corriente para el funcionamiento de hospitales y/o centros de atención
primaria). Apostar por estas dos medidas contradictorias hará insostenible
económicamente al sistema público, y obligará a muchos de los ciudadanos a
completar las prestaciones sanitarias no financiadas por un sistema público sin
recursos suficientes, con seguros privados complementarios.
Análisis por CCAA
Aunque las líneas generales de esta
política son compartidas por todo el sistema, algunas Comunidades Autónomas han
avanzado más que otras en el desmantelamiento y privatización sanitaria. Esta
situación puede explicar por qué un gobierno presidido por Aznar, político de
una clara trayectoria centralista, transfiriera las competencias sanitarias a
los gobiernos autonómicos, con la finalidad de que algunos de ellos pilotaran
la privatización sanitaria, y evitar una repuesta global y coordinada en todo
el Estado
Comunidad Valenciana
Esta CCAA ha sido la pionera en el
desarrollo de la privatización. Fue la primera en recurrir a la financiación,
gestión y provisión de los servicios sanitarios utilizando la figura jurídica
de Obra Pública, para levantar nuevos hospitales (el llamado modelo Alzira). El
gobierno valenciano presidido por Camps cedió este hospital a un consorcio
integrado por la aseguradora ADESLAS y Ribera Salud (Bancaja y CAM), que
acompañó de todo tipo de apoyos como el rescate y devolución de la concesión en
mejores condiciones a las mismas empresas cuando el negocio hizo crisis.
Posteriormente este modelo (incluyendo en algunos casos la Atención primaria y
la sociosanitaria) se ha extendido a los hospitales de Torrevieja, Denia y
Manises y se aplicará a los nuevos hospitales de Elx-Crevillent y Torrent. A
esto habría que añadir la privatización de los servicios de radiología avanzada
(que ha multiplicado la realización de pruebas) y la “externalizacion” de otros
servicios. Los sobre-costes de la financiación privada han llevado esta CCAA a
la bancarrota, según ha denunciado la Sindicatura de Cuentas. Recientemente las
autoridades valencianas han anunciado su intención de concentrar todos los
servicios “externalizados” como los servicios generales (limpieza, lavandería,
restauración, mantenimiento), los servicios concertados (oxigenoterapia,
hemodiálisis) y la logística (almacenes, distribución, compra), para
posteriormente adjudicarlos a empresas privadas. La idea es que la Generalitat
se concentre en la gestión sanitaria, dejando lo demás (el negocio económico)
en manos de operadores privados.
Comunidad de Madrid
El gobierno autonómico esta embarcado
en una vorágine privatizadora que incluyó en un primer momento la financiación
y gestión privada de siete hospitales; la concesión a otros tres de la atención
y la gestión; la privatización de los laboratorios y su adjudicación a una
empresa privada; la externalizacion de los servicios de radiología (Anillo
Radiológico); la adjudicación a un hospital privado (Fundación Jiménez Díaz) la
atención especializada de 400.000 habitantes mediante un concierto singular muy
favorable a los intereses de la misma; la cesión de dos centros de
especialidades a una multinacional; la privatización de la construcción y
gestión de 27 centros de salud; el cierre de dos hospitales públicos y la
trasformación de un gran hospital tercero en un geriátrico (que se deberá hacer
cargo de la atención de pacientes crónicos con pluripatologías muy costosas de
atender, liberando de este gasto a los centros privados financiados con dinero
público). Paralelamente se están de debilitando los centros públicos, rebajando
su presupuestos (un 16% de promedio en hospitales y un 7,03% en AP) y
reduciendo sus plantillas mediante un ERE oculto al adelantar la jubilación
obligatoria de los medicos a los 65 años sin reposición de las vacantes creadas
(se han perdido así más de 1.000 plazas médicos). Por último señalar que
previamente se habían desmantelado las 11 áreas sanitarias (necesarias para
planificar y gestionar los recursos de manera integrada y en función de las
necesidades especificas de cada zona) con la finalidad de crear un gran espacio
el libre mercado y a la competencia entre centros públicos y privados.
Galicia
Además de severos recortes en gasto, la
Xunta ha privatizado servicios estratégicos como la Central de Llamadas, la
Plataforma Informática, la Central de Compras, el sistema de archivos, o la
provisión, gestión y control de los recursos de alta tecnología (GALARIA), etc.
También se han puesto en manos privadas servicios como la diálisis renal de
algunos hospitales o se están desmantelando algunas áreas sanitarias, paso
previo a su eliminación total. También se ha recurrido a la financiación y
gestión privada para construir el Nuevo Hospital de Vigo mediante un contrato
con un consorcio privado en quiebra económica (la construcción lleva un retraso
de tres años y no esta clara su culminación por falta de financiación), lo que
además de multiplicar su coste ha ido acompañado de una reducción superior al
30% en los recursos previstos en camas, equipamiento, espacio, etc. Si se
trasladara este modelo a la financiación (siete veces superior al coste real),
a las obras de los nuevos centros de salud y planes directorios previstos para
reparar y ampliar 7 hospitales o 66 centros de salud, el presupuesto para
asistencia quedaría reducido al 4% del total, algo incompatible con el
mantenimiento del sistema público
Castilla la Mancha
La señora Cospedal, Secretaria General
del PP y presidenta de la CCAA, tiene previsto sacar a licitación la gestión
integral (de servicios tanto sanitarios como no sanitarios) de cuatro
hospitales públicos, siguiendo el llamado modelo Alzira. La empresa
concesionaria (que apunta a Capio Sanidad) pretende quedarse también con la
gestión de los nuevos hospitales de Madrid. Además ha paralizado la
construcción del Hospital General Universitario de Toledo por conflictos de
intereses, nada claros, con las constructoras. La empresa Ferrovial ha
conseguido contratos para mantener y limpiar hospitales, por valor de 30
millones de euros. En esta comunidad autonóma además de recortes de
prestaciones y personal, se han cerrado numerosos servicios de urgencias en
zonas rurales con comunicaciones difíciles.
Cataluña
Esta Comunidad, pionera en la
concertación con el sector privado, ha desarrollado múltiples fórmulas de
gestión y provisión de servicios sanitarios (Consorcios, Fundaciones,
Sociedades Anónimas, Entidades de Base Asociativa- EBAS etc.), y puesto en
práctica un proceso de fragmentación del Instituto Catalán de la Salud (ICS)
concediendo autonomía de gestión a los hospitales y centros de atención
primaria, “externalizando” gran parte de sus servicios, incluso en etapas de
gobiernos progresistas. Con la vuelta al poder de Convergencia i Unión (partido
de ideología neoliberal absolutamente servil a los intereses del mercado, con
muchos responsables con intereses en el sector empresarial como el Conseller de
Sanidad Boi Ruiz, presidente de la Únio Catalana de d´Hospitals, privados), la
privatización ha adquirido un gran impulso con recortes presupuestarios, cierre
de hospitales, camas, salas y despidos de personal contratado e interino. La
comunidad autónoma ha sido la primera en aplicar copagos y otras tasas por el
uso de los servicios públicos. Existe un plan estratégico elaborado por la
consultora PwC, que incluye la venta, vía subasta, de partes fundamentales del
sistema sanitario como hospitales, servicios de ambulancias Servicio de
Emergencias Médicas (SEM), laboratorios o la empresa que gestiona los servicios
de diagnóstico por imagen en los grandes hospitales públicos. Se pretende poner
en manos privadas hospitales, y centros de atención primaria y un centenar de
otros dispositivos
Murcia
En la Región de Murcia se ha reducido
el presupuesto en sanidad por segundo año consecutivo, suponiendo el
presupuesto del 2013 una disminución del 24%, con respecto al del 2010. Ello se
ha traducido en una pérdida de 850 profesionales sanitarios, con una importante
reducción de la actividad y un incremento intolerable de las listas de espera
(En doce meses se ha multiplicado por 15 el número de pacientes que esperan más
de un año para ser operados). Como solución se ha comenzado con un plan de
derivación de pruebas diagnósticas, y de intervenciones quirúrgicas a
hospitales privados concertados. Así mismo se ha planteado la centralización de
Laboratorios en varios Hospitales, lo que podría ser un primer paso para su “externalización”. La Central de Compras
y de Logística está privatizada desde 2010, sin que haya conseguido reducción
del gasto; y el Plan de Reequilibrio Económico Financiero de 2012 supuso el
cierre de varios puntos de atención continuada rurales y de especial
aislamiento
Aragón
Con la llegada del PP al Gobierno de
Aragón las dinámicas de privatización y los recortes se han acentuado, tal es
así que si desde 2010 la inversión/cápita ha disminuido en un 24% en términos
reales que no nominales, en el ultimo año ha sido de, al menos, el 15%, recortándose
238 millones de euros del presupuesto sanitario publico a la vez que se
incrementan 18 millones para la privada. Aragón es una de las CCAA que aplica
con mas rigor el RDL 16/2012 y el nuevo hospital a construir en Alcañiz esta
previsto que sea de financiación privada (PFI); se esta en proceso de
desmantelar el centro de especialidades Grande Covian, de la margen izquierda
del Ebro y se habla de que pueden hacer lo mismo con el de Monzón (Huesca). Se
están cerrando laboratorios clínicos en toda la CC. AA. para abrir un
macrolaboratorio que presumiblemente privatizaran y se han suprimido los
servicios de urgencias de 22 municipios. Esta previsto privatizar los servicios
de salud mental, todo tipo de servicios auxiliares y de atención
sociosanitaria, cuando un 30,4% de los dependientes aragoneses reciben atención
de este tipo.
El Sistema adolece de algunos aspectos
que favorecen las privatizaciones: obsolescencia tecnológica (no hay PET
público, oferta de RNM inferior a la demanda), escasez de camas de crónicos,
paliativos y camas geriátricas con generalización de conciertos con entidades
privadas (públicas 214 y privadas concertadas 188).
En 2012, los despidos son la norma y
para ello se limita el horario de los consultorios (22 varios rurales) y se centralizan
servicios (macrolaboratorio con gestión privada, psiquiatría…) cierre de
centros de atención especializada por las tardes, supresión de 500 camas en
verano y vacantes de especialistas no cubiertas que han duplicado las esperas
en esas especialidades. Las jubilaciones a los 65 años con reposición del 10%
de vacantes es de gran importancia en Aragón porque supondrán 833 médicos menos
(este año 400 menos sobre un total de 6.283). Se ha anunciado el cierre de
Puntos de Atención Continuada (salvo 8, uno por sector) y hay 24 centros cuya
reforma es prioritaria (sin presupuesto).
Se han incrementado los conciertos
privados: Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria, de los 8 sectores, en 5
hay Convenios privados para esta Atención; en Salud mental predominan los
Conciertos privados para media y larga estancia, Centros de Día, pisos,
talleres, centros ocupacionales de inserción (solo hay 200 plazas en Aragón, en
su mayoría privadas). En drogodependencias solo hay un Centro de gestión
directa y el resto son concertados; el gasto para la implantación de la receta
electrónica ha supuesto un convenio privado con Colegio de Farmacéuticos y
APISCAM y una adjudicación a la empresa INDRA Sistems; el Consorcio Aragonés de
Alta Resolución (CASAR) con una cobertura de unas 150.000 personas. Entidades
privadas del tercer sector aragonés En Aragón atienden a 155.063 personas. Un
7,8% de estas organizaciones tienen actividad en el área de salud. Hay una
empresa pública Banco de Sangre. Convenio con la Mutua de Accidentes de
Zaragoza para la atención de Traumatología para 33.000 personas del sector
Zaragoza I. Es un convenio sustitutorio con pago por número de usuarios (les
asistan o no). El hospital de la Defensa en 2010 presta asistencia sanitaria a
3 zonas de salud con 35.373 habitantes (hospital sustitutorio para toda la
cartera de servicios). Entidades S.A.L: convenio para pacientes crónicos
dependientes y rehabilitación ambulatoria del sector Zaragoza II, convenio para
ESAD, atención bucodental; gestión de desplazamientos para hemodiálisis.
Tratamientos de rehabilitación Atención Psico-oncológica, clínicas privadas
para cirugía .Transporte sanitario (Ambuibérica y T.S. Cataluña). Servicio de
Oxigenoterapia, Aerosoles, CPAP, BIPAP Ventiladores, etc. Central de llamadas privada:
CETET Centralización de las citas a través de una central (similar a la de
Madrid). Hay un Ente Público Aragonesa de servicios telemáticos proveedor
principal de la Administración en relación con los servicios para la
información y las telecomunicaciones. Las citas se conciertan por el Proyecto
SALUD Informa: teléfono 902 (UTE Telefónica) también gestiona información.
Historias Clínicas: Contrato con la empresa privada S. Servicio Móvil para su
archivo y custodia en el Sector Zaragoza l
Cantabria
El Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla ha adjudicado todos sus servicios a una empresa a cambio de la
construcción de la última fase del mismo (PFI). Se han cerrado centros de salud
dejando a los pacientes sin atención fines de semana y festivos
La Rioja
La gestión de los servicios de
Radiología se sacarán a concurso para adjudicarlos a una empresa privada, al
igual que la gestión de la Fundación Hospital de Calahorra. La dirección del
centro será adjudicada a una empresa de forma que “aportará su conocimiento” a
la gerencia del hospital, con el objetivo de la total privatización del centro,
dejando fuera del control público tanto la contratación de personal como la
función asistencial.
Castilla y León:
La financiación y gestión del nuevo
Hospital de Burgos se ha abordado de acuerdo al modelo PFI, que incluye la alta
tecnología de centro. En esta comunidad autónoma también se han cerrado
servicios de urgencias en el medio rural
Extremadura
El gobierno del Partido Popular ha
previsto utilizar la fórmula de la concesión administrativa para financiar y
gestionar dos de sus hospitales (PFI), algo inédito en una comunidad autónoma
sin ninguna experiencia en fórmulas privadas. También se han cerrado algunos
PAC rurales.
Baleares
El hospital Son Espasses (Palma de
Mallorca) ha entregado a una concesionaria privada la construcción,
equipamiento, mantenimiento y servicios no médicos (PFI). El gobierno balear
está preparando la extensión de este modelo a los hospitales
comarcales de Inca y Manacor, incluyendo además la parte asistencial de los
centros. También se ha anunciado la intención de cobrar
a los pacientes por el uso de la sanidad pública, además de cerrar por la noche
los centros de salud con menor actividad y cobrar por aparcar en los
hospitales.
Andalucía
La privatización en Andalucía es
cualitativamente similar a otras comunidades, cuantitativamente poco relevante
y, lo más importante, no avanza desde finales de los años 90.
· Desde un punto de vista cualitativo
la concesión de la atención especializada de áreas enteras de población a la
orden de San Juan de Dios (Consorcio Hospitalario Aljarafe en Sevilla) y a la
Empresa Pascual (Hospitales de la Sierra de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda), la
colaboración público privada para la radio-farmacia y la dotación tecnológica
del nuevo hospital de Granada, no difieren en mucho de experiencias realizadas
en otras comunidades.
· Desde un punto de vista cuantitativo
el porcentaje de población atendida bajo modelos privatizados y el porcentaje
de gasto total en concesiones, conciertos singulares y “externalizaciones” es
relativamente bajo respecto a otras comunidades, no alcanzando el 5% del gasto
sanitario total.
· Respecto a la tendencia, y quizás
esto es lo más importante, la privatización no se han visto agravada en las
tres últimas legislaturas, más bien al contrario, se ha reducido en lo que
respecta a la “externalización” de pruebas diagnósticas y conciertos singulares
quirúrgicos y auto-conciertos.
· Sí existe una muy amplia red
asistencial y de apoyo constituida inicialmente como empresas públicas o
fundaciones al amparo de la ley de nuevas formas de gestión, ahora agencias
públicas. Se trata del dispositivo del 061, los hospitales Costa del Sol, el
Ejido y la amplia red de hospitales de alta resolución (12 abiertos y 11
previstos), así como las fundaciones encargadas de tareas de gestión de
calidad, docentes y de investigación. En principio centros 100% públicos no
deberían ser computados como experiencias de privatización.
La sanidad pública andaluza tiene
grandes fortalezas que pueden hacer que afronte la crisis con éxito: una
apuesta por la planificación y la racionalidad frente a las presiones del
mercado como es patente, por ejemplo en la política farmacéutica, o en la
distribución territorial y la organización funcional de los recursos, una
apuesta por la salud pública, una atención primaria más desarrollada que en
otras comunidades que recibe el 18% del gasto sanitario público y con una
política sostenida de inversión en infraestructuras, una apuesta fuerte por la
gestión clínica que, pese a la falta de normativa y a la muy mejorable
estructura de calidad y algunos otros problemas, es un modelo consolidado que
está permitiendo una creciente articulación de los profesionales y una apuesta,
con todos sus claroscuros, por la modernización de lo público como es el caso
de las nuevas tecnologías, la formación o la investigación.
Entre los enormes riesgos figuran,
fundamentalmente, la caída en picado de la financiación per cápita desde 2011
que ha implicado importantes recortes de personal (no sustitución de
jubilaciones, no renovación de eventuales y reducción al 75% de la jornada de
los eventuales). Estas medidas han generado un enorme descontento entre los
profesionales y pueden comprometer el mantenimiento de las prestaciones
actuales como se está viendo ya con la atención domiciliaria y ciertos
programas en atención primaria. Destacar también la ausencia de un modelo de
atención socio-sanitaria dada la muy reciente unificación de las competencias
de salud y bienestar social, la nula voluntad de luchar contra las
incompatibilidades de los profesionales y las fuertes inversiones que está
realizando el sector privado en las áreas urbanas de Málaga y Sevilla donde
prácticamente todas las aseguradoras y empresas locales están ampliando sus
infraestructuras, buscando negocio ante el previsible deterioro de la sanidad
pública con los recortes.
Canarias
La privatización se refuerza cada vez
más concertando servicios sanitarios con entidades privadas. Cabe resaltar que
la media española de camas en la sanidad privada es de 6,88 por 10.000
habitantes, en Canarias es de 14,30. El sector privado controla el 40 por
ciento de las camas de agudos de la red de utilización pública, ingresa más del
31,7 por ciento de los procesos agudos financiados por el Servicio Canario de
Salud. En 2012 la concertación supuso un 8% (206,7 millones de euros) que en
2013 aumentaron a 210,3: cirugía, hemodiálisis, oxigenoterapia en domicilio,
radiología, resonancias magnéticas, medicina nuclear, salud buco-dental,
lavandería y mantenimiento. Mientras, se infrautilizan los recursos públicos.
Se han aplicado dos vías más para
privatizar la sanidad pública, una que empresas privadas gestionen en
dependencias sanitarias públicas directamente los servicios con su propio
personal y otra que el Gobierno canario realice un procedimiento de concesión
de obra pública, donde la empresa privada sanitaria redacta el anteproyecto de
obra, la construye y luego la explota con su propio personal privado, es el caso
de Radioterapia Oncológica en el Hospital Materno-Infantil.
En cuanto a los recortes, desde 2008
hasta la actualidad el presupuesto ha menguado en más de 500 millones, ahora
para 2013 tiene una reducción real de 218 millones (el 8% de sus fondos) sobre
todo por el pago a las farmacias de 190 millones de euros. En el capítulo de
personal se ha sufrido una reducción de 2000 empleos. En los hospitales
públicos, con el cierre de quirófanos de tarde las listas de espera quirúrgica
tienen un tiempo medio de espera del doble que la media estatal. Obras
paralizadas de centros de salud y hospitales comarcales, cuestionamiento de la
Unidad de Cirugía Cardíaca Infantil del Hospital Materno y de otros programas y
servicios, sobre todo quirúrgicos donde se suspenden intervenciones, incluso
oncológicas, por falta de materiales. En la actividad quirúrgica de mañana se
está viendo afectada la Cirugía Mayor Ambulatoria. Se están suspendiendo
consultas de tarde de las especialidades hospitalarias, también se están tratando
de reducir las consultas de mañana.
Quien gana y quien pierde con esta política
Ganan
Los principales beneficiarios de esta
política son las grandes aseguradoras, la industria farmacéutica y de
tecnología sanitaria que tendrán la oportunidad para ampliar su negocio. Las
entidades de capital riesgo como CAPIO Sanidad, Ribera Salud (Sanitas y
Adeslas), USP-Quiron; grupos empresariales como HM hospitales, que se están
apoderando con gran parte de los hospitales de numerosas CCAA. Aseguradoras
sanitarias a las que se facilita clientela y ayudas fiscales (desgravaciones
por suscripción de pólizas complementarias). Empresas auditoras como PWC que
están suplantando a la administración en las funciones de Planificación
Estratégica (elaborando los Planes de Salud Autonómicos, Planes Directorios de
Hospitales, concursos de adjudicación de plazas, provisión de recursos etc.),
lo que le otorga una enorme capacidad para utilizar los fondos públicos para
satisfacer sus intereses económicos y empresariales. Estas medidas también
benefician a los grupos de gerentes y expertos sanitarios que actúan como un
potente lobby profesional. También forman parte de los ganadores los dirigentes
del Partido Popular, familiares y allegados que salen y entran de la
administración y de las empresas adjudicatarias en función de sus intereses
(puerta giratoria). Por último las empresas constructoras afectadas por la
crisis del ladrillo que ven en la PFI la oportunidad de seguir con sus negocios
utilizando los prepuestos sanitarios públicos y las entidades bancarias
(financiadoras de las PFI), que se benefician de los contratos millonarios a
pagar por las administraciones públicas
Pierden
Los ciudadanos en general que han
sufrido recortes en sus derechos sanitarios, que deben pagar más por la una
asistencia sanitaria que antes se financiaba con impuestos (manera más justa y
progresiva socialmente), y que deberán contratar seguros privados para
complementar la menor oferta de servicios de la atención sanitaria pública, por
otro lado pierden también la garantía de que en su atención sanitaria priman la
evidencia científica y los intereses generales y no los criterios empresariales
. Las personas con menos recursos, desempleados, parados, los pensionistas que
verán dificultado su acceso a las prestaciones sanitarias por carecer de dinero
para afrontar los múltiples copagos. Las personas mayores, los enfermos
crónicos y los discapacitados que necesitan más atención sanitaria y mayores
recursos terapéuticos y rehabilitadores, y que son los más afectados por los
recortes y privatizaciones. Los profesionales y trabajadores de la Sanidad que
han perdido salarios, derechos laborales, estabilidad en el empleo y puestos de
trabajo. Los sanitarios tienen además una menor oportunidad para desarrollar su
profesión, conocimientos y habilidades y muchos de ellos se verán obligados a
emigrar a otros países para poder trabajar, pese al enorme esfuerzo que el
sistema educativo y sanitario ha dedicado a su formación. Estas perdidas serán
mayores entre las mujeres que son numéricamente predominantes en el sector.
Pierde también la economía española que con los recortes en los servicios
sanitarios y socio-sanitarios reduce los puestos de trabajo que estimularán la
economía y reduciría la elevada tasa de desempleo. Por último hay que recordar
que los sistemas sanitarios públicos universales y accesibles son necesarios
para mantener la fuerza de trabajo que se asocian a mejores niveles de
desarrollo económico y social.
Estrategias para defender el sistema sanitario público
La contradicción de intereses entre
ganadores y perdedores de esta política, de desmantelamiento y privatización de
la sanidad pública, marca con claridad que hacer. Aunque es verdad que la
privatización está apoyada y respalda por grupos de presión muy poderosos, los
afectados por la misma son la mayoría de la población. Solo una gran alianza
estratégica entre la ciudadanía y los trabajadores sanitarios puede paralizar
ese proceso, que sólo beneficiará a una minoría, eso sí muy poderosa e
influyente.
La multiplicidad de colectivos,
organizaciones e intereses sociales en juego, supone un evidente obstáculo para
alcanzar este objetivo. La unidad en la defensa del derecho a la salud y de un
sistema sanitario público que la garantice, solo parece posible mediante una
estructura organizativa que respete la autonomía, la ideología, los intereses
generales, la estrategia de intervención y las formas de organización de cada
grupo social y profesional.
Es necesario crear estructuras
horizontales, no jerarquizadas; que incluyan a la mayoría de los colectivos
sociales y profesionales; que trabajen por objetivos acordados previamente; que
adopten las decisiones por consenso evitando la creación de estructuras
directivas y las votaciones, que no den pie a la constitución de alianzas
internas y alineamientos por hacerse con el control. Es conocido como las
administraciones siempre se han aprovechado de estas cuestiones para dividir a
las fuerzas sociales y profesionales.
La estrategia pasaría por crear redes
de organizaciones en base a intereses comunes y objetivos fáciles de definir,
para posteriormente crear redes más amplias con otros grupos de organizaciones
y colectivos, con objetivos compartidos.
Ser profesional o usuario de los
servicios sanitarios, la pertenencia a una categoría profesional, el compartir
problemas de salud, el género, la edad, el territorio donde se vive, etc. son
lazos que unen a la gente, aunque el derecho a la salud y la existencia de un
sistema sanitario público universal, equitativo, accesible, redistributivo y de
calidad, bien gestionado y racionalmente equipado, es otro importante estímulo
para articular la unidad de actuación.
Las Plataformas para la Defensa de la
Sanidad Pública, integradas por organizaciones sociales; sindicatos; colectivos
profesionales; instituciones; y organizaciones políticas, impulsadas por la
FADSP y su coordinación con las Plataformas en Defensa de los Servicios
Públicos más amplias y que integran a otros colectivos, son la aplicación
práctica de esta estrategia. Las Plataformas están teniendo evidentes
resultados en la movilización contra los recortes y las privatizaciones puestas
en práctica en el Estado y en gran parte de las CCAA.
El objetivo esencial de la movilización
en Defensa de la Sanidad Pública pasa por compaginar la movilización contra
medidas de corte estratégico para el conjunto del Sistema sanitario como los
recortes de gasto público; el RD Ley 16/2012; la privatización de los centros
sanitarios recurriendo a la financiación privada (PFI); las reducciones de
personal de las plantillas de los centros; con otras de ámbito local o
autonómico como el cierre de hospitales públicos y servicios de urgencias; el
cierre de plantas, quirófanos y servicios; el desmantelamiento de áreas
sanitarias; la privatización de laboratorios y servicios de radiología; la
privatización / “externalización” de servicios sanitarios y no sanitarios de
los hospitales, la centrales de información y de compras o las plataformas
informáticas, etc.
Solo la alianza ciudadana y profesional
dotada de estructuras estables que primen la unidad sobre las diferencias hará
factible el poder frenar el desmantelamiento y privatización de la Sanidad
Pública.
Comunicado por correo-e
difundido por la FEDERACION DE ASOCIACIONES PARA
LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA
Abril de 2013
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