COMUNICADO DE LA FEDERACION DE
ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA
El triunfo electoral del Partido Popular en las elecciones
para el Gobierno del Estado y en la mayoría de las Comunidades Autónomas ha ido
acompañado de una aceleración de la política de desmantelamiento del sistema
sanitario público. El proceso de privatización sanitaria se ha venido
desarrollando de manera lenta pero continuada desde principios de los años 90 ,
siguiendo las pautas marcadas por el Informe Abril que planteaba una serie de
medidas destinadas a crear un mercado sanitario con la competencia entre
proveedores públicos y privados: separar la financiación de la provisión de
servicios (imprescindible para crear un mercado de compra-venta de los mismos),
pagar por la asistencia (copago), potenciar el aseguramiento y trasformar los
centros sanitarios en empresas. Aunque estas medidas fueron paralizadas en un
principio por la enérgica respuesta de los sindicatos y de la FADSP, los
sucesivos gobiernos, centrales y autonómicos, las han ido desarrollando de
manera más o menos solapada (en cómodos plazos).
Ahora el PP está acelerando este
proceso, aprovechando el enorme poder que acumuló tras las últimas elecciones
en las que consiguió mayoría absoluta en el gobierno central y en gran parte de
las Comunidades Autónomas. Con el subterfugio de que la crisis económica y los
límites al endeudamiento público establecidos de la UE obligan a reducir gasto
público, el Gobierno ha dado un gran impulso al desmantelamiento y privatización
de la sanidad, probablemente con la finalidad de alcanzar una masa crítica que
haga irreversible el cambio de modelo sanitario.
Podríamos sintetizar esta
política en tres grupos de medidas:
1.- Reducción del gasto sanitario
público (11,6% del gasto per cápita entre 2010 y 2013), un total de mas de
7.500 millones € en este periodo.
2.- Cambiar los fundamentos del
sistema: La promulgación del Real Decreto Ley de medidas para garantizar la
sostenibilidad del Sistema (RD 16/2012) incluye medidas de diferente naturaleza
como el copago para los medicamentos de los pensionistas, traslados no urgentes
en ambulancia, prótesis, ortesis, sillas de ruedas o alimentos especiales; la
vinculación del derecho a la asistencia a las cotizaciones laborales
(potenciando el aseguramiento privado); la exclusión de colectivos de población
de la cobertura del SNS; el fraccionamiento de la cartera de servicios
financiados y prestados por la sanidad pública estableciendo en una básico de
acceso gratuito y otras dos a financiar mediante copagos. Este conjunto de
medidas suponen la voladura controlada del derecho universal a la sanidad y del
acceso equitativo a la atención.
3.- Aceleración de la
privatización y desmantelamiento de los servicios en las CCAA gobernadas por
los sectores más neoliberales del PP: Valencia, Madrid, Galicia o Castilla la
Mancha. Cabria destacar por su trascendencia estratégica el recurso a la
financiación privada de las nuevas infraestructuras sanitarias (Iniciativa de
Financiación privada-PFI, Concesiones, etc) que multiplican los costes finales
y dejan durante años los centros de salud y hospitales en manos de consorcios
privados, multinacionales sanitarias o fondos de inversión de capital riesgo; o
privatización de la provisión (que llaman “externalización”) de servicios
sanitarios y de apoyo.
Es decir se recorta gasto y se apuesta
por una financiación que multiplica su coste real (a pagar con cargo del gasto
corriente para el funcionamiento de hospitales y/o centros de atención
primaria). Apostar por estas dos medidas contradictorias hará insostenible
económicamente al sistema público, y obligará a muchos de los ciudadanos a
completar las prestaciones sanitarias no financiadas por un sistema público sin
recursos suficientes, con seguros privados complementarios.
